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Medio ambiente en Barranquilla: polémica por autoridad ambiental – Barranquilla – Colombia



En el horizonte no se ve fin a la polémica y, por el contrario, tiende a continuar. Surgió en septiembre, cuando la junta del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) aprobó que la entidad se constituya como la autoridad ambiental en el territorio de su jurisdicción desde 2021.

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Pero ¿qué pasa con eso? Significa que ahora será el AMB el que vele por la sostenibilidad de Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia en temas medioambientales. Sustrayéndolos así de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), lo que por consiguiente verá una reducción en sus recursos.

Solo en Barranquilla, la CRA viene desde 2010 ejecutando proyectos que superan el orden de, aproximadamente, 134 mil millones de pesos, en el marco de un mandato legal que obliga a las Corporaciones Regionales del país a invertir el 50 por ciento de los recaudos por renta.

Dicha renta es denominada como el ‘porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble’ para la inversión en la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio o Distrito donde se recauda, según explica la CRA, mientras la población supere el millón de habitantes.

Es tal la magnitud de este movimiento, que la Procuraduría General de la Nación anunció a comienzos de octubre una indagación en contra de miembros del AMB, que también tiene autoridad en el transporte público, transporte masivo, taxis y el catastro del Distrito y su área metropolitana.

Con las indagaciones, el ente de control busca verificar si se habría afectado las competencias de instituciones distritales municipales y nacionales. Además, establecer si hubo un posible incumplimiento en la formulación e implementación de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial.

Enfocar las acciones de la autoridad ambiental urbana hacia los retos que representan los fenómenos propios de la urbanización sobre el medio ambiente

Ventajas de la autoridad ambiental

Como en toda polémica, han surgido voces a favor y en contra de la medida. Por ello, EL TIEMPO consultó con ambas partes, autoridades del departamento y de la Nación, además de ambientalistas, quienes desde sus puntos de vista compartieron las ventajas y desventajas del hecho.

El primero en presentar ventajas fue la entidad que busca convertirse en la autoridad ambiental de la ciudad y otros cuatro municipios, recordando que las mismas están consagradas en la Política Nacional de Gestión Ambiental Urbana expedida en 2008 por el Ministerio de Ambiente.

Entonces, la principal es “enfocar las acciones de la autoridad ambiental urbana hacia los retos que representan los fenómenos propios de la urbanización sobre el medio ambiente, fenómenos como la calidad del aire y la gestión eficiente de residuos sólidos”, indicó Libardo García, director del AMB.

A esos retos, agregó el control a las emisiones contaminantes de las fuentes fijas como empresas, plantas de producción industrial y fuentes móviles como vehículos particulares, de transporte público y de carga, y otros como la gestión del riesgo.

El Área Metropolitana de Barranquilla añadió que su junta directiva conformará un comité de evaluación de la conveniencia de dar vida al AMB como autoridad ambiental urbana, teniendo en cuenta “el llamado de diferentes actores del territorio por trabajar en conjunto” por la sostenibilidad ambiental del territorio del Atlántico.

A esa posición se sumó el representante a la Cámara por este departamento, César Lorduy, quien presentó un derecho de petición al Ministerio de Ambiente para confirmar si el mismo podía impedir que el AMB se convirtiera en autoridad ambiental, ya que en medios locales y en redes sociales se habló de una posible restricción que emitiera Minambiente.

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La respuesta del Ministerio a Lorduy en su recurso fue que este no es competente para pronunciarse o emitir juicios de valor sobre actos administrativos proferidos por otras entidades. Además, su competencia en materia de conflictos, según explicó, se reduce a establecer o señalar en relación con la política o regulación ambiental los lineamientos o criterios bajo los cuales éstas deben aplicarse.

Por lo anterior, el congresista se apoyó para continuar apoyando este paso del AMB y explicar lo que a su parecer son las ventajas de que esta idea se concrete a partir del próximo año.

La ventaja es que van a contar con unos recursos con el objeto de proteger al ambiente, para beneficio de las personas que constituyen el 80 por ciento de los que viven en el departamento

Aspecto de la Ciénaga de Mallorquín, entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Foto:

Vanexa Romero /EL TIEMPO

“La ventaja es que van a contar con unos recursos con el objeto de proteger al ambiente, para beneficio de las personas que constituyen el 80 por ciento de los que viven en el departamento. Y la segunda ventaja es que deberán realizar acciones de seguimiento y monitoreo, de tal manera que las actividades industriales y comerciales que se realicen en esos cinco municipios tengan el seguimiento correspondiente, para que no afecten el ambiente y la salud de los habitantes”, dijo Lorduy.

Recordó que los recursos naturales renovables y no renovables en esta zona del Atlántico son muy pocos, en consecuencia la protección se concentraría en el aire, la atmósfera, la protección de playas, la protección costera y cuerpos de agua como la Ciénaga de Mallorquín, la protección de la fauna y la flora que se encuentran en gran cantidad en Galapa, Malambo y Puerto Colombia, y la erosión del suelo.

La segunda desventaja se genera en la perturbación en la prestación de servicios ambientales que de manera ininterrumpida ha prestado la Corporación

Desventajas de la autoridad ambiental

A su turno, el directo de la CRA, Jesús León Insignares, sostuvo que no existe ningún tipo de ventaja de la decisión tomada por el AMB, y en su lugar se desprenden múltiples desventajas.

Para el funcionario, la primera gran desventaja radica en la sectorización de la gestión ambiental integral en cada uno de estos municipios, debido a que convergerían dos autoridades ambientales para un mismo territorio.

“La segunda desventaja se genera en la perturbación en la prestación de servicios ambientales que de manera ininterrumpida ha prestado la Corporación Autónoma Regional del Atlántico por más de 25 años sobre estos municipios, toda vez que aún no se ha iniciado ningún tipo de empalme”, aseguró Insignares.

El director de la CRA añadió como desventaja “más grave” la imposibilidad de garantizar el adecuado manejo de los ecosistemas del Departamento del Atlántico, los cuales son de carácter integrado e interdependiente.

“Nos preocupa el monitoreo y mantenimiento a la calidad de los cuerpos de agua del Departamento, el mantenimiento de las estaciones de calidad de aire, los proyectos de agrobiodiversidad con seguridad alimentaria para nuestros pescadores y campesinos, los proyectos de reforestación y el mantenimiento de las áreas protegidas, el trabajo con las comunidades afro e Indígenas presentes en el Atlántico, entre otras acciones”, dijo el funcionario.

Por su parte, la diputada Lourdes López se mostró preocupada por las recientes decisiones del AMB, por lo que realizó una proposición para hacer un debate pedagógico en la Asamblea departamental con el fin, según explicó, de que no salgan sin beneficio los otros municipios.

La CRA tiene el 65 por ciento de sus ingresos pignorados hasta el 2035

Entre sus desventajas, está “el resto de municipios desprotegidos, ya que la CRA tiene el 65 por ciento de sus ingresos pignorados hasta el 2035. Sabemos la necesidad que tenemos de invertir en los cuerpos de agua, en arborización y en zonas hídricas”.

López ve como otra desventaja la inequidad en inversión, ya que de acuerdo con su posición, quien se llevaría los recursos sería el AMB, que tendría solo cinco municipios y el resto de poblaciones quedan “desprotegidas”.

Otro que fue consultado es un académico alejado de las instituciones de Gobierno. Se trata del investigador y ambientalista de la Universidad del Atlántico, Luis Carlos Gutiérrez, quien aclaró que, entre las aristas políticas, económicas y ambientales que se desprenden del tema, prefiere opinar por esta última, que es lo que le compete.

“Todo que lo que implique fragmentar la administración del ambiente de los ecosistemas es un elemento contrario a las posibilidades de conservación y un buen manejo de los recursos”, manifestó Gutiérrez.

El investigador explicó que el Atlántico es una especie de isla, cuyo territorio está surcado por Canal del Dique, río Magdalena y Mar Caribe, y es uno de los departamentos más pequeños que podría ser ejemplo de administración de los recursos naturales.

Sin embargo, añadió que no es homogénea la situación en el departamento, ya que se tiene una alta transformación del ambiente en la zona norte, incluida el área metropolitana, que ha modificado su hábitat y es el área donde más se generan los recursos.

En la zona sur, la parte agrícola y la ganadería han hecho unas transformaciones muy fuertes y la compensación es mínima, porque no generan los suficientes recursos

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“En la zona sur, la parte agrícola y la ganadería han hecho unas transformaciones muy fuertes y la compensación es mínima, porque no generan los suficientes recursos hacia el ente administrativo del medio ambiente y esa es la preocupación. Los municipios restantes estarían con una gran transformación, pero con poca capacidad técnica y tecnológica para hacer seguimiento”, dijo Gutiérrez.

El ambientalista añadió que, en el desarrollo de una Secretaría distrital y una departamental, ha sido conflictivo en el caso de Mallorquín, donde la injerencia de quién controla lo único que ha pasado es que “el deterioro ha avanzado”.

Así las cosas, el debate está abierto, al menos hasta 2021, cuando según se ha anunciado sea el año en que el AMB se convierta en autoridad metropolitana ambiental. Por el momento, los entes de control distrital, departamental y nacional le ponen la lupa.

Deivis López Ortega
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @DeJhoLopez
Escríbeme a deilop@eltiempo.com





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